El Poder Ejecutivo envió formalmente al Parlamento el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una respuesta directa tras el rechazo al inicio del programa petrolero Sea Lion impulsado por firmas extranjeras en el área en disputa. La propuesta, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), busca derogar la antigua Ley N° 26.659 para establecer un marco de protección mucho más severo e incorporar la creación de un sistema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.
En el plano punitivo, el texto endurece drásticamente la escala penal para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin habilitación. La exploración o explotación de recursos no renovables afrontará condenas de 12 a 20 años de prisión, mientras que las tareas específicas de extracción, transporte o almacenamiento elevarán los castigos de 15 a 20 años, sumando multas colosales equivalentes a hasta 3 millones de barriles de petróleo.
Asimismo, la iniciativa contempla la ampliación de prohibiciones estrictas que alcanzan tanto a las empresas infractoras como a todos sus proveedores y socios comerciales. De esta manera, el Estado busca cercar financieramente y bloquear la participación de cualquier compañía que colabore directa o indirectamente con la explotación ilegítima en la plataforma continental argentina, reforzando de forma integral la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
