El Ministerio de Salud de la Nación ha decidido transformar la estructura del histórico programa Remediar, descartando su eliminación definitiva pero modificando profundamente su alcance. El nuevo enfoque busca optimizar los recursos estatales concentrándose en patologías que representan el 73% de las muertes en el país. De esta manera, el Estado Nacional centralizará la compra de tratamientos complejos, delegando en las provincias la adquisición de los fármacos de venta libre y uso común que antes proveía de forma centralizada.
Bajo este nuevo diseño, se dará prioridad absoluta a enfermedades crónicas no transmisibles de alta prevalencia, tales como la hipertensión arterial, las cardiopatías isquémicas y los accidentes vasculares cerebrales. El objetivo es garantizar que los pacientes con condiciones graves tengan acceso ininterrumpido a medicamentos esenciales, como combinaciones de losartán, amlodipina y estatinas, cuya interrupción podría derivar en complicaciones severas o internaciones evitables que sobrecarguen el sistema público.
Este cambio implica que, a partir de septiembre de 2026, la gestión y el costo de los medicamentos de bajo impacto económico será responsabilidad de cada jurisdicción provincial. Si bien esta descentralización busca una mayor eficiencia administrativa por parte de la Nación, ha generado preocupación en diversos sectores sanitarios, ya que la sostenibilidad del acceso a la salud básica dependerá ahora de la capacidad financiera y la voluntad política de cada provincia.
