La millonaria partida de 1,33 billón de pesos será canalizada a través del Ministerio de Capital Humano con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento académico, solventar los gastos operativos y actualizar los programas de becas estudiantiles. Con esta asignación, el Poder Ejecutivo nacional busca mitigar el prolongado reclamo de la comunidad universitaria, que venía exigiendo partidas presupuestarias reales para hacer frente a la inflación y evitar la parálisis del sistema educativo superior.
Por fuera de la agenda educativa, el Decreto de Necesidad y Urgencia incluyó de manera simultánea una partida adicional de 49.261 millones de pesos para la SIDE. Este financiamiento colateral para el organismo de inteligencia reavivó los cruces políticos en el Congreso, donde la oposición cuestiona el desvío de fondos hacia estructuras reservadas en medio del estricto plan de ajuste fiscal que implementa la administración central.
Para sostener el incremento del gasto público sin alterar el superávit, el Gobierno echó mano a las utilidades distribuidas por el Banco Central y el Banco Nación. Como contrapartida, aplicó un fuerte recorte de 303.395 millones de pesos sobre el sector energético estatal, afectando las transferencias destinadas a las empresas de bandera Energía Argentina S.A. (ex ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina.
