Los trabajadores docentes y nodocentes de las universidades públicas avanzan en la organización de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre. La resolución se adoptó en el seno del Frente Sindical de las Universidades Nacionales luego de considerar insuficiente la oferta salarial del 3% presentada por la Secretaría de Educación. Como escalón previo a la protesta federal, la dirigencia gremial ratificó un paro nacional de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo martes 8 de septiembre, acompañado por una jornada nacional de clases públicas en la calle fijada para el 15 del mismo mes.
El eje central del plan de lucha responde a la brecha entre los haberes del sector y la evolución inflacionaria. Según relevamientos de los propios sindicatos y de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la pérdida del poder adquisitivo acumula un retroceso superior al 30%. Además del reclamo por una recomposición que cubra lo perdido en los últimos meses, las organizaciones exigen la actualización de las Becas Progresar y Belgrano, así como la restitución y ejecución plena del presupuesto asignado a los gastos de funcionamiento edilicios y a los centros de salud universitarios.
En el trasfondo de la protesta se mantiene la exigencia del cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario. Dicha norma legal, ratificada previamente en el Congreso de la Nación, establecía un mecanismo de actualización automática para las partidas destinadas a las instituciones públicas y los sueldos del personal docente y no docente. Con las medidas de fuerza confirmadas y el armado de la movilización federal en marcha, el esquema del conflicto universitario busca renovar la visibilidad de las demandas ante el Poder Ejecutivo Nacional.
