El Gobierno nacional descartó enfáticamente la implementación de cualquier programa de alivio estatal para los hogares con deudas en mora, reafirmando que el problema debe ser resuelto exclusivamente entre las entidades acreedoras y los deudores. En conferencia de prensa, la vocería presidencial sostuvo que utilizar fondos del Tesoro para subsidiar los compromisos incumplidos equivaldría a usar recursos de los contribuyentes para amortiguar las pérdidas de los bancos y financieras, incurriendo en un «riesgo moral» que la administración se niega a convalidar. Según la postura oficial, el sistema financiero cuenta con la capacidad de renegociar plazos y tasas sin requerir una intervención regulatoria.
La firme postura de la Casa Rosada se dio en paralelo a los recientes registros de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), que dan cuenta de una tensión creciente en los presupuestos familiares. Con casi 5,9 millones de personas registradas en situación de atraso crediticio, el foco de la morosidad se concentra fuertemente en las entidades no bancarias, las plataformas fintech y las tarjetas de crédito minoristas, donde la tasa de irregularidad llegó a trepar hasta el 33%. Este nivel contrasta con el de los bancos tradicionales, donde la mora se mantiene en un dígito, reflejando que los sectores de menores ingresos han tenido que recurrir a financiamiento no convencional de alto costo para sostener sus gastos corrientes.
Ante esta coyuntura, el BCRA y el Ministerio de Economía promueven que sean las propias instituciones bancarias y de crédito al consumo las que reestructuren las carteras vencidas mediante la consolidación de deudas, ampliación de plazos y quitas voluntarias. No obstante, desde el sector comercial y las plataformas digitales advierten que los elevados Costos Financieros Totales (CFT) continúan actuando como un obstáculo insalvable para el desendeudamiento de las familias. Sin auxilio estatal a la vista, el riesgo de que el repago de compromisos pasados continúe deprimiendo el consumo masivo y la reactivación del mercado interno se perfila como un condicionante clave para la economía de los próximos meses.
