La intención del Poder Ejecutivo de avanzar con cambios estructurales en el sistema electoral ha chocado contra un muro de desinterés político. En el Senado, el Gobierno no cuenta con el respaldo necesario para dar de baja las PASO, una iniciativa fundamentada en la reducción de costos pero que carece de tracción parlamentaria. Ante este bloqueo, se intentó impulsar la figura de las listas colectoras como moneda de cambio, un movimiento que ha despertado críticas internas y el rechazo explícito de diversos mandatarios provinciales.
Gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) e Ignacio Torres (Chubut) han dejado clara su postura contraria a estas medidas, debilitando aún más la estrategia oficialista. Para los bloques aliados en la Cámara alta, el debate electoral ha dejado de ser una prioridad frente a otras urgencias legislativas, como el tratamiento de leyes de presupuesto y financiamiento universitario, temas que hoy dominan la agenda y acaparan los esfuerzos de negociación en la Casa Rosada.
Con este panorama, las posibilidades de una resolución inmediata parecen disiparse. Los plazos legislativos apremian y, ante la obligación de presentar el Presupuesto 2027 en septiembre, es poco probable que el oficialismo pueda cerrar un acuerdo electoral antes de fin de año. La falta de un consenso sólido sugiere que cualquier modificación profunda en el sistema de votación deberá esperar, dejando al Gobierno ante la difícil tarea de reformular sus prioridades políticas para el resto del trimestre.
