El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó este lunes un veredicto categórico en la causa conocida como la «usina de facturas truchas», un proceso que investigó un complejo entramado de evasión, asociación ilícita y lavado de dinero. Tras evaluar las pruebas y los alegatos de las partes, la justicia impuso penas de efectivo cumplimiento que van desde los tres años y medio hasta los diez años de prisión para diez de los once imputados, marcando un precedente clave en el juzgamiento de delitos económicos en la provincia.
Las máximas responsabilidades recayeron sobre Walter Pasko y Fernando Ayala, quienes fueron sentenciados a 10 años de prisión cada uno al ser hallados culpables como jefes y coorganizadores de la asociación ilícita fiscal en concurso real con lavado de activos. Las acusaciones, sostenidas tanto por el Ministerio Público como por el organismo de control fiscal, detallaron cómo operaba esta red orientada a simular gastos, obtener créditos fiscales indebidos y canalizar fondos públicos millonarios a través de fundaciones y cooperativas de fachada.
El juicio también alcanzó a familiares y estrechos colaboradores que cumplían roles logísticos y jerárquicos dentro de la organización. Entre las condenas destacan las de María José Reinault (7 años), Diana Yael Daniel —exsecretaria general del IAFEP— (6 años), María Belén Reinault (5 años y 6 meses), Edith Marisel Ayala (5 años), Álvaro Iván Pasko y Jorge Pasko (4 años y 6 meses cada uno), Osvaldo Ramón Godoy y Ariel Ramón Acevedo (4 años cada uno), y Juana Elsa Brahim (3 años y 6 meses). Asimismo, el tribunal ordenó el decomiso de todos los bienes de origen ilícito, asestando un golpe financiero definitivo a una estructura que se enriqueció a expensas de los recursos de todos los chaqueños.
