Las conversaciones en la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 ingresaron en una fase de enfriamiento debido a las marcadas discrepancias entre el oficialismo y las bancadas aliadas. Pese a la intención inicial de acelerar los plazos legislativos, los bloques dialoguistas advierten que la negociación se encuentra «muy verde» y exigen respuestas concretas a una serie de demandas estructurales antes de otorgar su dictamen de mayoría y posterior acompañamiento en el recinto.
Entre los principales puntos de fricción se ubican los reclamos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que exige la regularización formal de las deudas por coparticipación. A la par de los pedidos elevados por los gobernadores del norte y del interior del país, también generan controversia ciertos aspectos impositivos clave del proyecto nacional, como la viabilidad y el alcance de una posible reducción en el impuesto a los combustibles líquidos.
Frente a este escenario de tensión parlamentaria, desde la Casa Rosada insisten en defender las pautas macroeconómicas enviadas al Congreso, destacando que el objetivo central es consolidar la desaceleración de la inflación y lograr la «desindexación» de la economía. De este modo, la agenda en Diputados sufrirá nuevas demoras, fijando como nueva meta tentativa para obtener la media sanción el próximo 25 de noviembre.
