La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para autorizar el pago de 171 millones de dólares a fondos de inversión holdouts que poseían títulos de la deuda pública defaulteada en el año 2001. Con esta aprobación, que complementa la media sanción otorgada previamente por el Senado, el Congreso de la Nación validó los acuerdos de conciliación alcanzados por la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Economía, orientados a cerrar causas judiciales de larga data en tribunales internacionales.
El desembolso aprobado por el parlamento establece una distribución específica entre las firmas demandantes: se destinarán 67 millones de dólares a la compañía «Bainbridge Ltd.» y los restantes 104 millones de dólares al grupo acreedor encabezado por «Attestor Value Master Fund LP». Desde el Ejecutivo nacional resaltaron la conveniencia de los convenios al precisar que se logró pactar una quita de entre el 30% y el 35% respecto de las sumas originalmente reclamadas por los fondos buitre en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense.
La sanción definitiva de la ley se alcanzó dentro de la fecha límite establecida en las cláusulas de los entendimientos bilaterales, fijada para antes del 30 de junio. Durante el debate, los legisladores del oficialismo y los bloques aliados defendieron la medida argumentando la necesidad de normalizar la situación financiera del país en el exterior, remover la amenaza de embargos sobre activos estatales y consolidar la seguridad jurídica para facilitar el acceso a los mercados de crédito internacionales.
