La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar de forma efectiva la Ley de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal del país desestimó un recurso de queja interpuesto por los abogados del Poder Ejecutivo, el cual buscaba suspender los efectos del fallo dictado previamente por la Cámara Federal. Con esta resolución judicial, los magistrados dejaron firme la protección sobre los recursos destinados a las casas de altos estudios, garantizando la continuidad de sus partidas presupuestarias.
La controversia legal llegó a la máxima instancia judicial luego de que el Gobierno nacional recurriera las instancias previas bajo el argumento de que la aplicación de la ley afectaba el equilibrio fiscal y las facultades del Poder Ejecutivo para administrar el presupuesto público. Sin embargo, el pronunciamiento de la Corte convalida el criterio de que el financiamiento a la educación superior constituye una prioridad legalmente sancionada por el Congreso, por lo que la administración central no puede postergar de manera unilateral el envío de los fondos actualizados para el funcionamiento de las instituciones.
La decisión del tribunal fue recibida con satisfacción por los rectores de las universidades públicas y los gremios docentes, quienes venían advirtiendo sobre la crítica situación salarial y operativa de los establecimientos. El fallo judicial sienta un precedente clave en el conflicto presupuestario educativo y fuerza a los ministerios correspondientes a readecuar las partidas de forma perentoria, en un escenario donde la comunidad académica nacional mantenía activos sus reclamos por la plena ejecución de la normativa.
