El ciclo lectivo reanudó sus actividades en las escuelas chaqueñas con un nivel de presencialidad que osciló entre el 90 y el 99%, según las cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Educación. Sin embargo, detrás del festejo del Gobierno por el «normal desarrollo» del inicio del segundo semestre, se esconde la contundente influencia del «Concepto Aula». El condicional económico que castiga las inasistencias terminó neutralizando cualquier intento de huelga, obligando a miles de educadores a presentarse a trabajar para resguardar el bolsillo.
Desde la cartera educativa atribuyeron el masivo regreso a las aulas a una presunta aceptación de la política salarial del Ejecutivo provincial. El Gobierno viene de anunciar un incremento del 20% en el Concepto Aula para septiembre, sumado a un aumento escalonado del 10% (5% en agosto y 5% en noviembre) y bonos extraordinarios de $100.000 para activos. Sin embargo, para la docencia no se trata de una mejora seductora, sino de un incentivo coercitivo: el adicional representa una porción crítica del ingreso que se pierde de manera drástica al adherir a un solo día de paro.
Con las escuelas llenas y un acatamiento a la protesta prácticamente desarticulado, las autoridades provinciales ratificaron que continuarán con los planes de infraestructura y refacción escolar para la última mitad del año. No obstante, en la comunidad educativa prima la sensación de que el derecho a huelga quedó recortado por la vía del descuento salarial, fijando una presencialidad récord en el Chaco sostenida más por la necesidad económica de los educadores que por la conformidad con sus salarios.
