El repentino colapso judicial y operativo de la cadena Exen Gym desencadenó una ola de indignación y preocupación entre miles de socios en Chaco y Corrientes. Tras las irrupciones de la Gendarmería Nacional y las órdenes de detención en el marco de la causa por presunto lavado de activos, la firma emitió un escueto comunicado en sus redes sociales anunciando el cierre por tiempo indefinido de todas sus instalaciones, borrando una promesa inicial de reapertura para el lunes. Esta interrupción intempestiva del servicio dejó desprotegidos a usuarios individuales y grupos familiares que, en muchos casos, habían abonado abonos semestrales o planes anuales por montos significativos atraídos por las promociones de la firma.
En los portales de atención al consumidor y grupos de clientes proliferan los reclamos de quienes exigen la devolución inmediata de los saldos no utilizados. Sin embargo, la situación legal de la empresa vuelve sumamente complejo cualquier reintegro a corto plazo: al tratarse de un proceso del fuero Penal Federal liderado por el fiscal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger, las cuentas bancarias de la firma y sus principales socios enfrentan medidas cautelares de inhibición y congelamiento, sumado al secuestro de activos. Ante el eventual concurso o paralización total de la sociedad comercial, la vía administrativa directa mediante la empresa queda virtualmente inhabilitada, obligando a los damnificados a evaluar presentaciones grupales ante Defensa del Consumidor o el desconocimiento de cargos en las tarjetas de crédito.
Frente a la falta de respuestas oficiales por parte de los administradores detenidos o prófugos, especialistas en derecho del consumidor recomiendan a los clientes guardar comprobantes de pago, resúmenes bancarios y transferencias que acrediten el vínculo contractual. Aunque la prioridad de la Justicia Federal se centra en determinar la red de blanqueo de capitales y el origen espurio de los fondos, el perjuicio colateral golpea de lleno el bolsillo de la comunidad local. Por el momento, la incertidumbre se sostiene ante la falta de una vía formal de resarcimiento para los usuarios que confiaron sus ahorros a la clausurada cadena de gimnasios.
