La efeméride encuentra su origen el 9 de agosto de 1949, cuando el Estado argentino creó la Dirección de Educación Especial, sentando las bases institucionales para atender a niños, niñas y jóvenes con discapacidad dentro del sistema público. Con el paso de las décadas y la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 en 2006, la modalidad dejó de concebirse como un espacio de segregación o mero tratamiento asistencial para consolidarse como una estructura transversal destinada a garantizar el derecho a la educación en todos los niveles. Este cambio de enfoque responde a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual promueve el paso del antiguo «paradigma médico» —que ponía el foco en la patología del alumno— al «modelo social», donde es el entorno escolar el que debe adaptarse y eliminar barreras para asegurar el aprendizaje.
En la actualidad, según registros oficiales de la Dirección de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, existen más de 200.000 estudiantes con discapacidad matriculados en los niveles inicial, primario y secundario de Argentina. De ese total, más del 50% transita sus trayectorias escolares dentro de escuelas comunes con proyectos de inclusión y equipos de apoyo pedagógico, mientras que el porcentaje restante asiste a sedes de escuelas especiales. Esta paridad estadística refleja el crecimiento sostenido de la matriculación en la escuela común, impulsada por las demandas de familias y organizaciones de la sociedad civil que exigen el cumplimiento efectivo del derecho a estudiar junto a sus pares sin discapacidad.
A pesar de los avances normativos y estadísticos, la jornada del 9 de agosto llega marcada por persistentes deudas estructurales que abren intensos debates en la comunidad educativa. Docentes, especialistas e instituciones señalan que la inclusión real requiere superar la simple «integración» física del alumno en el aula común. Para consolidar el modelo social de capacidades, el sistema afronta el desafío urgente de ampliar la formación continua del cuerpo docente, incorporar más docentes parejas y parejas pedagógicas integradoras, mejorar la infraestructura edilicia accesible y dotar a las escuelas del presupuesto necesario para que la diversidad sea atendida como un valor pedagógico y no como un obstáculo.
