En el marco de la etapa de ejecución patrimonial de la sentencia por la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N° 2 dictó una nueva serie de embargos preventivos y medidas inhibitorias que alcanzan más de 140 activos pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y las sociedades de la familia. Entre las propiedades incluidas en esta segunda tanda figura el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, inmueble registrado a nombre de la firma Los Sauces S.A. y donde la ex presidenta cumple actualmente el régimen de prisión domiciliaria. La decisión judicial busca inmovilizar jurídicamente las propiedades para evitar eventuales transferencias o cesiones de titularidad mientras se completa el trámite de decomiso.
La resolución, rubricada por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, fundamenta la extensión de las cautelares en la necesidad de asegurar el resarcimiento económico de $685.000 millones determinado por la Justicia como perjuicio patrimonial infligido al Estado por irregularidades en la obra pública vial de Santa Cruz. El fallo precisa que el congelamiento alcanza a bienes que fueron cedidos o donados, recordando que las transmisiones gratuitas no impiden la ejecución de la condena penal. La medida abarca además inmuebles en el complejo Madero Center de Puerto Madero, residencias en Río Gallegos, el chalet de El Calafate y participaciones en complejos hoteleros de El Chaltén.
De manera complementaria, el tribunal requirió informes con plazo de 24 horas a entidades bancarias para certificar la disponibilidad de fondos de la familia Kirchner, incluyendo los más de 5 millones de dólares hallados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia. Fuentes judiciales aclararon que la traba preventiva dictada sobre el departamento de San José 1111 no implica una orden de subasta inmediata ni altera por el momento las condiciones del arresto domiciliario de la exmandataria, sino que preserva el patrimonio hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva los recursos pendientes sobre la primera etapa de decomisos.
