La mesa de negociación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó de la peor manera. La Confederación General del Trabajo (CGT) junto a las dos variantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) abandonaron intempestivamente el plenario virtual tras participar únicamente de la comisión técnica salarial. El detonante central fue el rotundo rechazo de la Secretaría de Trabajo a pasar a una modalidad presencial, postura que el Ministerio de Capital Humano justificó con el argumento de «evitar un show mediático y mantener un marco civilizado». La salida en masa de los gremios dejó en la mesa únicamente a los funcionarios libertarios y a los representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y el sector empresarial, liberando el camino para que el Ejecutivo establezca el ajuste de manera unilateral.
El quiebre no solo respondió a una cuestión logística, sino a una brecha económica insalvable entre las pretensiones sindicales y las proyecciones oficiales. Mientras el piso salarial se ubicaba previamente en torno a los $271.571 —una cifra visiblemente rezagada frente a la canasta básica familiar—, las centrales obreras llegaron con el reclamo unificado de llevar el haber mínimo por encima de los $480.000, argumentando una pérdida del poder adquisitivo superior al 30% en lo que va del año. Por su parte, la representación empresarial, alineada con las metas de desaceleración inflacionaria del Ministerio de Economía, ofertó subas en tramos acotados que no alcanzaron a satisfacer las expectativas gremiales, lo que precipitó la ruptura definitiva del diálogo.
Ante este escenario de parálisis distributiva, la cúpula sindical anunció que formalizará una denuncia internacional ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el incumplimiento de los mecanismos de negociación colectiva y el cercenamiento del debate tripartito. De esta forma, el Gobierno aplicará por tercera ocasión consecutiva la fijación del haber mínimo por la vía del decreto, un instrumento que no solo marca el piso legal para los trabajadores fuera de convenio, sino que impacta de forma directa en el cálculo de prestaciones sociales como el programa Acompañar y las jubilaciones mínimas de quienes cuentan con 30 años de aportes efectivos.
