A exactamente treinta días de la puñalada mortal que le arrebató la vida a Matías Julián Álvarez Guardia, las calles de Resistencia se convierten en el escenario de una marcha que busca romper el cerco del silencio y la impunidad. El joven de 29 años murió el pasado 2 de agosto tras desangrarse por un ataque en el pecho en el marco de una acalorada discusión de pareja. En el centro de la escena criminal permanece su ex novia, Victoria Luz Cantero, de 25 años, sobre quien pesa la prisión preventiva e imputación por homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, la herida social en la provincia del Chaco continúa abierta, empujada por el lema «Ni uno más» y el reclamo desesperado de una madre y hermanas que denuncian haber vivido al lado de una pauta constante de violencia física y psicológica sistemática.
El expediente, bajo el pulso de la Fiscalía de Investigación Penal, ingresó en un terreno de cruces legales encarnizados. Mientras la familia de la víctima insiste en que el ataque se gestó con premeditación y con una mecánica directa para causar el daño letal, la estrategia defensiva de Cantero comenzó a mover sus fichas argumentando un presunto contexto de violencia de género e invocando un cuadro de shock postraumático. La propia defensa técnica sostiene de forma reciente que la imputada padece «recuerdos fragmentados» del momento del crimen y que ni siquiera conserva en su memoria la utilización del arma blanca con la que segó la vida del joven, una narrativa que para los querellantes busca lisa y llanamente diluir la responsabilidad penal del hecho.
La controversia no se detiene únicamente en la autora material de la estocada, sino que salpica con fuerza las maniobras posteriores al ataque en la vivienda. Los allegados a Álvarez Guardia dirigen graves sospechas hacia el círculo íntimo de la acusada, de manera puntual hacia su hermano —quien es médico y era amigo cercano de la víctima—, cuestionando los minutos críticos transcurridos entre la agresión y el traslado. Según la reconstrucción familiar basada en registros de cámaras de seguridad, existió una demora de más de diez minutos antes de llevar a la víctima hacia la guardia del Hospital Perrando, donde finalmente ingresó en estado crítico tras sufrir un shock hipovolémico irreparable. La hipótesis de los querellantes sostiene que ese tiempo vital fue utilizado para encubrir la escena y delinear una versión exculpatoria en lugar de asistirlo de urgencia.
Entre planteos de nulidad, peritajes psicológicos pendientes y la tensión institucional por el abordaje de estos casos, la comunidad chaqueña vive el primer aniversario mensual del homicidio como un punto de inflexión. La marcha convocada frente a las dependencias judiciales no solo intenta mantener viva la figura de un joven trabajador y querido por su entorno, sino evitar que la causa quede entrampada en dilaciones o artilugios procesales. Con la sospechosa tras las rejas y las querellas alistando nuevas medidas probatorias, la investigación ingresa en semanas determinantes donde la reconstrucción forense y los testimonios de los minutos posteriores definirán si el caso camina sin escalas hacia el juicio oral.
