La fuerza de la demanda de la sociedad chaqueña y el constante reclamo de seguridad ciudadana terminaron por acorralar la estrategia parlamentaria de la oposición. El bloque de legisladores del Frente Chaqueño se vio obligado a emitir un comunicado oficial confirmando que este miércoles darán quórum, bajarán al recinto y se sentarán a debatir el proyecto de Ley de Reiterancia. Impulsada con firmeza por el bloque oficialista y respaldada por la gestión del Gobierno provincial, la iniciativa que permanecía trabada bajo acusaciones de frenos políticos cambiará finalmente de rumbo en el recinto, avizorándose un escenario altamente favorable para su definitiva sanción.
El eje central de la reforma radica en modificar sustancialmente la regulación de la prisión preventiva dentro del Código Procesal Penal de la provincia, dándole mayor rigurosidad a los antecedentes y procesos penales abiertos al momento de decidir si un imputado por un nuevo delito debe continuar tras las rejas mientras transcurre la investigación. A diferencia de la figura legal de la «reincidencia» —que exige indispensablemente una condena firme previa—, la «reiterancia» alcanza y restringe la libertad de aquellos individuos que acumulan múltiples imputaciones o procesos penales en curso, aun sin haber sido condenados de manera definitiva.
La matriz legislativa, iniciada formalmente con el proyecto 2634/24 impulsado por el diputado Carim Peche a principios de septiembre de 2024, sintetiza e integra además otras siete iniciativas del oficialismo (2959/2024, 3138/2024, 445/2025, 484/2025, 1805/2025, 2619/2025 y 1572/2026). En la misma línea, el marco legal propuesto introduce parámetros clave para determinar el riesgo procesal de los acusados: considerará de manera objetiva los procesos o condenas anteriores, el historial de rebeldías, la violación de restricciones judiciales, los intentos de fuga o evadir a la Justicia, el uso de armas de fuego, el ejercicio de violencia tanto sobre personas como cosas, y el empleo de identidades falsas.
De concretarse la sanción este miércoles, Chaco se sumará a una marcada tendencia de políticas de seguridad que ya opera en el país y en el plano federal, donde la ley fue sancionada por el Congreso Nacional en febrero de 2025 tomando como referencia la legislación mendocina. De este modo, la provincia ingresará al grupo de jurisdicciones pioneras y adherentes a la herramienta, compuesto por Mendoza (2017), Tucumán (2019), Formosa (2021), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (junio de 2024), San Luis (julio de 2024), Corrientes (septiembre de 2024), Chubut (abril de 2025) y Río Negro (junio de 2025), dando una respuesta concreta a la sociedad para cortar con la impunidad del delito recurrente.
