El mapa crediticio en la Argentina muestra señales de encendida alarma en el segmento más joven de la población. De acuerdo con recientes informes elaborados sobre los microdatos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), más de 500.000 jóvenes menores de 24 años se encuentran catalogados como deudores en situación de mora. La tasa de incumplimiento dentro del universo de chicos de entre 18 y 25 años que tomaron algún tipo de financiamiento trepó del 24,7% a un preocupante 40,8%. Este fenómeno pone de manifiesto que 4 de cada 10 jóvenes endeudados han dejado de cumplir regularmente con sus compromisos financieros, marcando un deterioro abrupto del comportamiento de pago en este grupo etario.
El fenómeno responde a una combinación de pérdida severa del poder adquisitivo y la proliferación de vías de financiamiento no tradicionales. A diferencia de los préstamos bancarios tradicionales —que exigen mayores requisitos de scoring patrimonial y laboral—, el grueso de la morosidad juvenil se concentra en empresas de microcrédito no bancario, tarjetas de compra de consumo masivo y servicios de financiamiento rápido integrados en billeteras virtuales. Aunque los saldos individuales o «tickets promedio» adeudados por esta franja suelen ser sustancialmente menores frente a la deuda bancaria de los adultos, la acumulación de atrasos penaliza severamente el historial crediticio de quienes recién ingresan a la vida económica formal.
Esta masa de mora juvenil repercute de manera directa tanto en la inclusión financiera a largo plazo como en la dinamización del consumo masivo. Al ingresar a los registros de morosidad comercial (Veraz y Central de Deudores del BCRA), cientos de miles de jóvenes quedan inhabilitados para acceder a herramientas clave del sistema bancario, como tarjetas de crédito convencionales, alquileres formales o líneas para emprendimientos. Ante este escenario, analistas y entidades del sector financiero advierten sobre la necesidad urgente de fortalecer la educación financiera temprana e intensificar los marcos de supervisión sobre los prestamistas no bancarios para evitar que la trampa del sobreendeudamiento condicione la capacidad de desarrollo económico de la próxima generación.
