El sistema de transporte público de pasajeros en el Gran Resistencia atraviesa la crisis más severa de su historia reciente, transformado en un esquema deficitario que expone la peor realidad a nivel nacional según datos de las cámaras empresarias. Tras la eliminación total de los fondos compensadores federales, el boleto en el área metropolitana trepó hasta los $1.885, consolidándose como uno de los pasajes más caros de la región y del interior del país. Esta suba sostenida terminó provocando un efecto bumerán indeseado: un éxodo masivo de usuarios que abandonaron el colectivo por no poder afrontar los costos diarios, dejando las unidades prácticamente vacías y destruyendo la recaudación genuina de las empresas prestatarias.
La alarmante escasez de fondos impactó de lleno en las calles mediante una fuerte reducción del parque automotor circulante, lo que se traduce de cara al usuario en un servicio desmantelado con recorridos acortados y frecuencias totalmente discontinuas que duplican los tiempos de espera en las paradas. Para intentar paliar el desfasaje, las firmas prestatarias optaron por aplicar suspensiones de personal y recortes encubiertos de sueldos a través del desdoblamiento de haberes, arrastrando incluso a firmas tradicionales a presentarse en concurso preventivo de acreedores. Este severo recorte de la masa laboral encendió las alarmas de los choferes, sumando incertidumbre respecto a si las firmas tendrán los recursos necesarios para abonar el próximo medio aguinaldo en tiempo y forma.
Frente a este escenario de virtual parálisis, el ministro de Infraestructura de la provincia, Hugo Domínguez, junto al subsecretario de Transporte, José Luis Picaluk, mantuvieron una reunión de carácter urgente con el secretario general de la UTA Chaco, Raúl Abraham. Durante el cónclave, el histórico dirigente sindical expuso la desesperante situación salarial de los trabajadores del volante y el vaciamiento de líneas, valorando positivamente la apertura al diálogo de los funcionarios estatales pero exigiendo medidas de fondo urgentes. Abraham fue tajante al advertir que el sindicato ya no tolerará suspensiones ni retrasos en los depósitos de haberes más allá de este mes, fijando los primeros días de julio como plazo límite antes de retomar las medidas de fuerza gremiales y los paros totales de servicios.
El futuro inmediato para las miles de personas que dependen del colectivo en el Chaco asoma sumamente complejo y trabado en una anarquía regulatoria. La eventual salida de más operadores de transporte y la imposibilidad fáctica de atraer nuevas inversiones privadas mediante licitaciones —en un contexto macroeconómico tan hostil— ponen en jaque la continuidad básica de las prestaciones metropolitanas. Sin un norte financiero claro y con los subsidios estatales locales al límite de su capacidad de contención, el transporte chaqueño camina al borde del colapso definitivo, amenazando con dejar a pie a los trabajadores de la provincia y profundizar una precarización que destruye de manera constante la movilidad urbana regional.
