El avance de las aplicaciones financieras y los proveedores no financieros de crédito en Argentina facilitó el acceso inmediato al dinero, pero abrió una brecha crítica marcada por costos financieros usurarios. Ante la falta de topes regulatorios directos y un acceso restringido al sistema bancario tradicional, diversas fintechs aplican Tasas Nominales Anuales (TNA) muy superiores a las medias de mercado, derivando en Costos Financieros Totales (CFT) que superan el 1.000% o incluso el 1.400% anual en préstamos personales y microcréditos de corto plazo. Esta disparidad convierte a montos prestados de baja envergadura en montos totales a devolver exorbitantes, impulsados además por la falta de transparencia en los simuladores de cuotas de varias plataformas.
Para las familias e individuos golpeados por la pérdida del poder adquisitivo, estos créditos digitales dejan de ser una solución de liquidez momentánea para transformarse en una trampa de endeudamiento. Al recurrir a préstamos de un solo clic para cubrir gastos básicos cotidianos o saldar compromisos previos, los tomadores quedan expuestos a refinanciaciones sistemáticas donde los intereses devoran los ingresos mensuales. El costo real del dinero prestado no solo imposibilita el pago de las cuotas originales, sino que empuja a los usuarios a solicitar nueva asistencia crediticia para cancelar la anterior, atrapándolos en una espiral donde la deuda crece de forma exponencial.
Esta dinámica derivó en un deterioro social y financiero severo en todo el país, reflejado en indicadores de morosidad que escalan drásticamente. De acuerdo con monitoreos del sector crediticio no bancario y del Banco Central, los niveles de atraso e irrecuperabilidad en la cartera de las fintech duplicaron a los del sistema financiero tradicional, superando el 28% y afectando principalmente a deudores juveniles y de sectores vulnerables. Las consecuencias trascienden lo económico: el sobreendeudamiento desemboca en la pérdida del acceso formal al crédito, embargos preventivos y un permanente acoso de cobranza extrajudicial, consolidando un fenómeno de exclusión que profundiza la vulnerabilidad socioeconómica de los tomadores.
