El diputado provincial y exministro de Economía de Chaco, Santiago Pérez Pons, encendió la polémica al reclamar públicamente al gobernador Leandro Zdero el pago de una deuda equivalente a cinco cláusulas gatillo con los docentes. Según el legislador, la decisión del Ejecutivo de suspender esta herramienta de actualización salarial en 2025 congeló los ingresos de los educadores, acumulando cinco trimestres de retraso en un contexto inflacionario que no da tregua.
Durante su descargo, Pérez Pons advirtió sobre un profundo retroceso en las condiciones laborales del sector, asegurando que se desmantelaron seis derechos clave consolidados previamente. Entre las conquistas perdidas, detalló la quita del incentivo docente (FONID) y de la Conectividad a comienzos de 2024, la interrupción de las paritarias libres, la pérdida del salario totalmente en blanco y, finalmente, la anulación de la cláusula gatillo trimestral que garantizaba que los sueldos no perdieran contra la inflación.
El impacto económico directo en el bolsillo de los trabajadores de la educación es alarmante: frente a una inflación acumulada del 42% desde la suspensión de la medida y con solo un 5% de incremento otorgado, la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 26%. Esto se traduce en que un docente sin antigüedad hoy cobra $795.000 en lugar de los $1.095.000 que le corresponderían, acumulando una deuda de más de $2.100.000 en 15 meses, una cifra que equivale a tres sueldos completos.
