El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deje de investigarse como presunto enriquecimiento ilícito y sea derivada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para profundizar sobre una posible evasión tributaria. Tras examinar los patrimonios del exfuncionario y de su esposa durante el período investigado, el dictamen concluyó que la prueba reunida no permite acreditar un incremento patrimonial injustificado generado durante el ejercicio de la función pública, aunque persisten inconsistencias fiscales de fondos que habrían permanecido no declarados previamente.
La causa, iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, analizó egresos en efectivo por USD 374.081,66 sobre un total de erogaciones de USD 402.578,12, así como diferencias entre ingresos declarados y gastos de adquisiciones en inmuebles, viajes, vehículos y expensas. Frente a estas inconsistencias, la defensa de Adorni argumentó que los fondos provinieron de la liquidación de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Si bien los peritajes confirmaron la existencia y el control actual de esas billeteras virtuales, las pericias técnicas no pudieron reconstruir la trazabilidad histórica completa de las operaciones, aunque tampoco desmintieron la viabilidad del origen planteado por el imputado.
El dictamen no constituye un sobreseimiento, sino un cambio de encuadre legal que busca determinar las responsabilidades por la eventual omisión de activos ante el organismo fiscalizador. En ese marco, el fiscal solicitó diversas medidas suplementarias, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y de su esposa ante ARCA, así como la reconstrucción de sus compras de divisas, bienes registrales e participaciones societarias. El planteo deberá ser evaluado ahora por el juez federal Ariel Lijo, quien resolverá si convalida el remiso del expediente al fuero especializado.
