Una jornada de extrema tensión institucional sacudió al Paraguay luego de que el presidente Santiago Peña intentara dimitir a su cargo y la maniobra parlamentaria fuera neutralizada. Tras quedarse la sesión conjunta sin cuórum para aceptar formalmente la renuncia, la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime el libelo acusatorio por mal desempeño de sus funciones y graves irregularidades vinculadas con el colapso del Ueno Bank. De este modo, la salida voluntaria quedó bloqueada y el procedimiento de juzgamiento pasó a la Cámara de Senadores.
El motivo central por el cual la oposición y sectores del propio Partido Colorado buscaron avanzar con el juicio político —en lugar de conceder la dimisión— radica en los efectos constitucionales del proceso. Aceptar la renuncia le habría permitido a Peña preservar de forma automática fueros bajo la figura de senador vitalicio; sin embargo, de ser hallado culpable y destituido por el Senado, perderá de manera definitiva esa protección legal y quedará expuesto a las causas de la Justicia ordinaria.
A través de un mensaje público emitido en sus redes sociales, Peña confirmó que se presentará en la Cámara Alta para asumir su defensa con argumentos y pruebas. Al mismo tiempo, instó a los legisladores y al Banco Central a no paralizar las respuestas para los millones de ahorristas afectados por la crisis bancaria. El Senado paraguayo, bajo la conducción de la mesa directiva, dio inicio a las exposiciones de la acusación y se encamina a definir la destitución del mandatario en las próximas horas.
