La crisis institucional en Paraguay alcanzó su punto de mayor tensión este viernes 6 de noviembre de 2026 por la tarde, luego de que la Fiscalía General emitiera una orden de detención contra el ex presidente de la República, Santiago Peña. La medida judicial fue dispuesta de manera inmediata tras concluir el juicio político en el Congreso, donde ambas cámaras legislativas resolvieron por unanimidad la destitución oficial del mandatario. Al perder su inmunidad presidencial, el exjefe de Estado quedó a disposición directa de las autoridades penales.
La resolución del Ministerio Público imputa a Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y tentativa de estafa, vinculados directamente con la quiebra e intervención estatal de la entidad financiera Ueno Bank. Según el documento fiscal, el exmandatario deberá cumplir el régimen de arresto domiciliario. En el mismo dictamen, la Justicia ordenó la captura de Carlos Dagoberto Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien será trasladado a una dependencia policial a designar por la Comandancia.
La debacle política y económica se aceleró en cuestión de pocas horas, comenzando el pasado martes con el cierre forzoso del banco y la posterior renuncia pública de Peña el jueves por la noche ante la presión social y legislativa. La investigación penal ya mantiene tras las rejas a otros altos ejecutivos de la firma, mientras el país asume una transición de emergencia bajo un nuevo mando ejecutivo y los ahorristas exigen respuestas urgentes ante el millonario desfalco.
