El fiscal Pedro Simón presentó un dictamen de 181 carillas en el que acusa formalmente a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino de encabezar una organización criminal dedicada a la defraudación sistemática de la AFA. Según la investigación, se habrían utilizado diversas sociedades vinculadas al tesorero de la entidad para simular la prestación de servicios y canalizar más de 3.600 millones de pesos. La justicia santiagueña sospecha que estas empresas funcionaban como una pantalla para lavar activos y adquirir bienes de lujo.
La imputación no solo alcanza a los dos líderes del fútbol local, sino que se extiende a otros 22 acusados, incluyendo familiares y presuntos testaferros que habrían facilitado la titularidad de propiedades y vehículos. Entre los bienes bajo la lupa se encuentra una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares y unas 35 propiedades en Santiago del Estero. El fiscal considera que existe un riesgo concreto de fuga y entorpecimiento, dado que los delitos imputados prevén penas de cumplimiento efectivo.
Actualmente, el pedido de detención y la inhibición general de bienes se encuentran bajo análisis del juez federal Guillermo Díaz. Esta causa se suma a otras investigaciones previas en Buenos Aires, complicando el frente judicial de la dirigencia deportiva. El fiscal sostiene que Tapia, en su rol de presidente, habría convalidado la sustracción de los fondos, mientras que Toviggino es señalado como el «jefe» operativo de la estructura societaria utilizada para estos ilícitos.





