El Poder Ejecutivo avanza en la confección del decreto reglamentario que dará operatividad a las modificaciones introducidas por el DNU 681/2026 sobre la Ley de Migraciones. La iniciativa incorpora explícitamente la emisión de mensajes de odio, la incitación a la violencia por motivos de nacionalidad y los ultrajes a la Patria como causales directas de prohibición de ingreso y deportación del país. De este modo, la Dirección Nacional de Migraciones sumará herramientas administrativas específicas para resolver la revocación de permanencias temporarias o definitivas en plazos más breves ante estas infracciones.
El esquema procedimental contempla la participación del Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF) y del sistema de alertas en frontera para fundamentar la acreditación de los casos. Asimismo, las fuerzas de seguridad —como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria— intervendrán en los controles de permanencia territorial y en las tareas operativas de custodia previa a la ejecución de las salidas forzadas. La reglamentación prevé prohibiciones de reingreso al territorio nacional que se extenderán por un lapso mínimo de cinco años en los casos donde no medie un delito con condena firme.
A su vez, el borrador en preparación excluye de forma expresa de las penalidades a aquellas manifestaciones vinculadas al disenso ideológico, político o académico, circunscribiendo la sanción a incitaciones directas a la agresión. Mientras el Ejecutivo acelera su puesta en marcha argumentando la necesidad de resguardar el orden público, diversos juristas y organizaciones no gubernamentales anticiparon que los procedimientos podrían enfrentar presentaciones ante los tribunales respecto del alcance de los criterios administrativos implementados.
