La firma del Decreto 868/2026 por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que dispone inhabilitaciones administrativas de hasta 20 años e incorpora la exigencia de una declaración jurada de respeto a la soberanía para operar en el país o acceder a beneficios impositivos como los del RIGI, desencadenó un rápido alineamiento en el mercado energético internacional. Las tres mayores multinacionales globales de servicios petroleros —SLB, Halliburton y Baker Hughes— confirmaron formalmente que no formarán parte de proyectos de exploración o extracción offshore en las Islas Malvinas, como el desarrollo del campo Sea Lion. La movida busca resguardar su multimillonaria presencia operativa y tecnológica en Vaca Muerta y en la Cuenca Austral, donde mantienen contratos estratégicos con la petrolera estatal YPF y firmas privadas.
La determinación de las empresas prestadoras de servicios cosechó un explícito respaldo del empresariado local. Las principales entidades industriales y corporaciones del sector energético agrupadas en la provincia de Neuquén y la Cuenca Golfo San Jorge valoraron que las firmas internacionales prioricen el marco regulatorio nacional por sobre las iniciativas de prospección ilegales. Asimismo, desde la conducida YPF se emitió un reconocimiento directo hacia la posición asumida por las operadoras globales, destacando que el acatamiento normativo preserva la seguridad jurídica en las áreas hidrocarburíferas del continente y en las plataformas marítimas bajo jurisdicción argentina.
En la vereda opuesta, las resoluciones del Gobierno argentino desencadenaron una dura reacción política y diplomática. Las autoridades de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas y la cancillería del Reino Unido rechazaron enérgicamente los alcances del decreto, calificándolo como un intento de interferencia unilateral sobre los planes de desarrollo económico en el Atlántico Sur. En tanto, las firmas concesionarias con sede en el Reino Unido e Israel que sostienen el proyecto extractivo acusaron el impacto logístico del bloqueo a las proveedoras de primer nivel, aunque sostuvieron públicamente su intención de continuar con el cronograma previsto para las islas.
