La decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires de suspender temporalmente por un plazo de 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil generó una inmediata y dura reacción política. La resolución, dictada por la jueza Marta Elba Pascual a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. El fallo sostuvo que el sistema bonaerense no cuenta al día de la fecha con las condiciones materiales e infraestructura indispensables para recibir a menores de 14 y 15 años sin vulnerar sus derechos, frenando la vigencia de la norma aprobada a nivel nacional apenas 48 horas después de su entrada en vigor.
Tras conocerse la medida cautelar, la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich —quien fue una de las principales impulsoras de la ley que bajó la edad de punibilidad de 16 a 14 años—, cuestionó severamente al Gobierno bonaerense y al Poder Judicial provincial. A través de sus redes sociales, Bullrich remarcó: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”. En la misma línea, arremetió contra los magistrados provinciales al señalar que sostienen una «Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias», concluyendo que da «terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien».
El pronunciamiento judicial y la posterior embestida del oficialismo nacional reabrieron un fuerte conflicto institucional en torno a la capacidad operativa para implementar la reforma punitiva en el distrito más poblado del país. Mientras desde la Casa Rosada y sectores aliados exigen la aplicación inmediata del nuevo Régimen Penal Juvenil en todas las jurisdicciones, la resolución judicial fijó una audiencia de seguimiento para el próximo 16 de septiembre y emplazó a los ministerios de Seguridad, Justicia y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia a reevaluar las condiciones institucionales de alojamiento y contención antes de levantar la suspensión.
