La Cámara de Diputados del Chaco sancionó este miércoles 26 de agosto una profunda reforma al Código Procesal Penal provincial mediante la aprobación del proyecto de ley 2634/24 y sus iniciativas acumuladas. La denominada «Ley de Reiterancia», impulsada originalmente por el legislador Carim Peche y acompañada por proyectos de diversos bloques, modifica los artículos 276 y 289 de la Ley 965-N e incorpora el artículo 289 bis. La norma se aprobó tras un intenso debate en el recinto por 27 votos positivos, 2 abstenciones y 1 voto en contra, marcando un hito en la agenda legislativa de seguridad de la provincia.
El punto neurálgico del cambio normativo radica en la distinción conceptual respecto de la reincidencia tradicional: a partir de ahora, la reiterancia se configura de manera precisa cuando una persona imputada en una causa penal acumula otros procesos abiertos con imputación formal previa, sin requerir una sentencia o condena firme previa. Aunque la figura ya tenía antecedentes abstractos en el código actual, la incorporación del artículo 289 bis brinda a los jueces parámetros objetivos para disponer la prisión preventiva o evaluar medidas de coerción, considerando aspectos como el uso de armas, la violencia desplegada, la participación en banda, el suministro de datos falsos o el historial de rebeldía del acusado.
Desde la bancada oficialista fundamentaron el tratamiento de la norma como una respuesta directa al reclamo social contra la «puerta giratoria» judicial. El diputado Iván Gyoker destacó que se trataba de un día histórico y reveló datos contundentes durante la sesión: el 85% de los delitos cometidos en el área metropolitana del Gran Resistencia son protagonizados por personas en situación de reiterancia, con un promedio de reincidencia de tan solo 49 días y un tercio de los delincuentes volviendo a ser apresados en menos de un mes. En la misma línea, la presidenta del cuerpo, Carmen Delgado, defendió la política de seguridad implementada por la gestión del gobernador Leandro Zdero desde diciembre de 2023.
Por su parte, el bloque opositor acompañó en términos generales el articulado pero cuestionó el abordaje político y la propaganda oficialista sobre la materia. El diputado Nicolás Slimel aclaró que nunca existió negativa a debatir la propuesta y advirtió que la reforma procesal no resolverá por sí sola la delincuencia si no se dota a los fiscales de los recursos necesarios y se otorgan mejoras salariales a las fuerzas policiales. Asimismo, el debate estuvo atravesado por advertencias del ámbito jurídico y organismos de derechos humanos frente a la tensión con el principio de inocencia y el potencial riesgo de colapso de las comisarías e institutos penitenciarios locales.
