El sendero de moderación de precios en Argentina consolida su tendencia de cara al segundo semestre del año. Tras registrarse un índice de inflación del 2,1% en mayo, las proyecciones de las principales consultoras privadas para los meses de junio y julio se mantienen estables, ubicándose en un rango estimado de entre el 1,8% y el 2,1% mensual. Este escenario de desaceleración sostenida representa el principal argumento del equipo económico para defender el esquema actual, el cual busca erradicar la inercia de los precios antes de ensayar cualquier medida de reactivación.
Por el lado de la gestión oficial, la prioridad absoluta sigue siendo el ordenamiento de las variables macroeconómicas mediante un estricto control de la base monetaria y la eliminación total del déficit. El Ministerio de Economía y el Banco Central sostienen la premisa de que acelerar el consumo de manera artificial, sin bases sólidas, solo lograría reavivar las presiones inflacionarias. Bajo esta óptica, la recomposición del poder adquisitivo y el despegue de la actividad interna deben ser una consecuencia directa de la estabilidad de precios a largo plazo y no el resultado de una expansión del crédito o de emisión de pesos.
Esta postura firme genera matices con la mirada de Wall Street y de diversos analistas financieros internacionales, quienes observan con atención la sostenida caída del riesgo país y la consolidación del superávit fiscal. Desde el exterior se argumenta que el riguroso orden fiscal alcanzado le otorga margen de maniobra al Gobierno para iniciar una flexibilización de la política monetaria que alivie la recesión del mercado doméstico. Sin embargo, las autoridades monetarias locales descartan de plano este camino, manteniendo los encajes y las tasas en niveles consistentes con el objetivo de secar la plaza de pesos y blindar la desinflación.
