Milei tildó de “Plan Platita 2.0” el relanzamiento de los Chachos en La Rioja

El conflicto político y fiscal entre el Gobierno nacional y las provincias escaló de tensión tras la reactivación de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como «Chachos», en la provincia de La Rioja. La decisión de la gestión del gobernador Ricardo Quintela de inyectar 4.000 millones de estos títulos para unos 80.000 empleados públicos —con un pago equivalente a $50.000 por agente— desató una dura reacción del presidente Javier Milei. A través de sus canales oficiales, el Jefe de Estado calificó la medida como un «PLAN PLATITA 2.0», acusando al mandatario riojano de aplicar «recetas que generan pobreza» y advirtiendo que «aquellos que no ponen las cuentas en orden terminan estafando a la gente con papeles de colores».

Desde el Ejecutivo riojano, encabezado por Quintela junto a su ministro de Hacienda, Fabián Blanco, justificaron el despliegue del instrumento argumentando que se trata de un mecanismo de asistencia indispensable para volcar liquidez en los comercios adheridos y sostener la cadena de pagos. El oficialismo provincial atribuyó la crisis presupuestaria al ahogamiento financiero provocado por la Nación, citando la falta de envío de fondos coparticipables adeudados y la parálisis de las transferencias discrecionales como los causantes directos que impiden cubrir los gastos esenciales del Estado local.

La disputa no solo refleja dos modelos de gestión antagónicos sobre el equilibrio fiscal, sino que sumó duras posturas dentro del propio gabinete nacional. Funcionarios del área económica, como Felipe Núñez (director del BICE y asesor de Luis Caputo), tildaron de «irresponsable» la emisión por considerarla un intento de tapar el déficit sin ajustar el gasto público provincial, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a objetar la constitucionalidad del bono. Con las posiciones radicalizadas, el cruce deja en evidencia un escenario de fuerte polarización sobre la autonomía financiera de las provincias y los límites de la política monetaria en el interior del país.