El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, ratificó la puesta en marcha de un esquema de fiscalización en los establecimientos educativos de todo el país ante la convocatoria al paro docente de este lunes 3 de agosto. La medida busca garantizar el cumplimiento de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y exige a los gremios asegurar al menos el 75% de la prestación habitual del servicio durante las jornadas de protesta.
Para llevar a cabo el control, inspectores del área de trabajo desplegarán monitoreos aleatorios y relevamientos en las escuelas para certificar la asistencia del personal y el funcionamiento de las aulas. Desde el Gobierno argumentaron que, si bien la gestión escolar es responsabilidad de las provincias, el Estado nacional actuará como garante del derecho a la educación para resguardar la continuidad pedagógica de los alumnos y la previsibilidad de las familias.
Asimismo, el Ejecutivo advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos de la normativa, se activarán de inmediato los protocolos para aplicar las sanciones administrativas y legales correspondientes a las entidades sindicales. La medida oficial se da en el marco del reclamo de CTERA por la paritaria nacional y aumentos salariales, en medio de una disputa judicial sobre la aplicación de la cautelar que frena la esencialidad educativa.
