Con la liquidación de los sueldos correspondientes al mes de agosto, que se abonarán a principios de septiembre, los empleados de la administración pública del Chaco —tanto en el sector activo como pasivo— percibirán un incremento salarial del 5%. La medida forma parte del esquema de recomposición anunciado por el Gobierno provincial para intentar acompañar los ingresos del sector público en el segundo semestre del año.
Sin embargo, las alarmas sonaron con fuerza en las últimas jornadas tras conocerse los indicadores de la Evolución del IPC. El dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires registró un salto del 2,9% mensual en julio, impulsado fundamentalmente por los aumentos en servicios, turismo y consumos vinculados al receso por las vacaciones de invierno. A partir de esa cifra, el mercado aguarda con marcada expectativa la publicación del indicador nacional por parte del INDEC para medir el impacto real en el costo de vida a nivel federal.
A esta aceleración puntual se le suma el pesado arrastre de la inflación acumulada a lo largo del año, una inercia que continúa erosionando de manera constante la capacidad de compra de los asalariados. Frente a esta escalada sostenida de los precios en la canasta básica y en los servicios esenciales, la mejora porcentual proyectada para el sueldo de agosto corre el riesgo de verse licuada prácticamente al momento de su cobro.
En este marco, la efectividad del aumento otorgado por la provincia queda sujeta a la rapidez con la que se trasladen las presiones inflacionarias a los mostradores locales. Los trabajadores de la administración pública chaqueña observan con inquietud un panorama en el que las subas nominales resultan insuficientes para sostener el haber real, reabriendo el debate sobre la necesidad de revisiones continuas frente a la dinámica del índice de precios.
