El Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, avanza de manera decidida con la implementación de la Red Federal de Concesiones, un ambicioso esquema que transfiere más de 9.000 kilómetros de rutas estratégicas al sector privado bajo una modalidad de inversión 100% ajena al Tesoro público. De hecho, la empresa estatal Corredores Viales S.A. acaba de formalizar la entrega de los primeros tramos clave, como los denominados «Pampa» y «Sur-Atlántico-Acceso Sur», dando inicio formal a las operaciones de los nuevos concesionarios. Si bien los pliegos oficiales exigen un agresivo plan de infraestructura enfocado en la construcción de autopistas, ampliación de carriles, repavimentación y tareas de bacheo profundo para elevar las condiciones de transitabilidad, el proyecto generó un inmediato rechazo en los sectores productivos y logísticos del interior del país.
La principal fuente de conflicto radica en el drástico incremento de los puntos de recaudación contemplados en el nuevo modelo. El diseño prevé la instalación de hasta 50 nuevos puestos de cobro de peaje sobre las principales vías troncales, las cuales históricamente fueron de circulación libre o contaban con tarifas mínimas. Esta medida modificará por completo el mapa vial argentino, considerando que en la actualidad existen solo 39 estaciones operativas distribuidas a lo largo de 10 tramos nacionales. Regiones agrícolas y comerciales clave verán fuertemente impactados sus costos operativos; a modo de ejemplo, el Tramo Mesopotámico en Entre Ríos (Rutas 12 y 18), que actualmente carece de cabinas, pasará a tener tres peajes nuevos localizados en Viale, Villaguay y San Salvador.
Frente a la creciente polémica por el impacto que este esquema tendrá sobre la inflación del transporte de cargas, las autoridades nacionales defienden el sistema argumentando que el criterio prioritario de adjudicación a través de la plataforma digital Contrat.Ar premia exclusivamente al oferente que proponga la tarifa de peaje más baja. Asimismo, la normativa estipula que las empresas adjudicatarias tienen prohibido por contrato comenzar a cobrar los nuevos valores tarifarios hasta tanto no hayan garantizado y certificado la ejecución de las obras prioritarias de transitabilidad óptima en cada corredor vial asignado. Mientras tanto, el sector agroindustrial permanece en alerta, advirtiendo que la multiplicación de peajes neutralizará cualquier beneficio logístico derivado de las futuras obras viales.
