El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo clave con los representantes del sector de practicaje y pilotaje para destrabar el severo conflicto portuario que mantenía paralizadas las exportaciones y la navegación fluvial. El entendimiento contempla la reanudación inmediata de las tareas de asistencia en los puertos de todo el país a cambio de una reducción del 20% en las tarifas del servicio y la suspensión temporal de la aplicación del Decreto 690/2026, la norma desreguladora impulsada por el Ejecutivo que había desencadenado la medida de fuerza el pasado fin de semana.
La resolución del conflicto llegó en un momento crítico para la cadena logística y agroexportadora. La protesta, iniciada en rechazo a las modificaciones normativas sobre el régimen de practicaje, llegó a inmovilizar a más de 185 embarcaciones fondeadas a la espera de maniobrar en terminales estratégicas como las del Gran Rosario, Quequén y Bahía Blanca, generando costos de demoras e inoperatividad estimados entre 50.000 y 100.000 dólares diarios por cada buque detenido.
Para avanzar hacia una solución definitiva, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una mesa de trabajo conjunta coordinada por las autoridades nacionales. En este espacio técnico participarán representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, junto a organismos competentes del sector y los propios trabajadores, con el objetivo de revisar los puntos sensibles del esquema de desregulación y consensuar un marco regulatorio que reduzca los costos logísticos sin comprometer la seguridad operativa en las vías navegables.
