La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un testimonio clave en los tribunales de Comodoro Py. Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita sobre las reformas realizadas en la propiedad del funcionario en el country Indio Cuá. El contratista confirmó haber recibido 245.000 dólares en efectivo por los trabajos, una cifra que genera interrogantes dado que duplica el valor de compra declarado de la propiedad, fijado originalmente en 120.000 dólares.
Durante su declaración, Tabar admitió que la mayor parte de las tareas, que incluyeron la construcción de un quincho, una piscina con cascada y nuevos solados, se realizaron sin la emisión de facturas ni recibos oficiales. Asimismo, el profesional entregó su teléfono celular a la Justicia para dejar constancia de contactos recientes por parte del funcionario. Según su testimonio, Adorni habría intentado comunicarse mediante mensajes de WhatsApp con modo temporal activado para ofrecer «asistencia técnica» antes de su paso por el juzgado, ofrecimiento que el arquitecto rechazó.
En paralelo a las novedades judiciales, el Jefe de Gabinete retomó hoy las conferencias de prensa en Casa Rosada tras diez días de interrupción. Sin embargo, mantuvo una postura esquiva ante las consultas de los medios sobre su patrimonio y el avance de la causa penal, argumentando que las explicaciones corresponden al ámbito de la Justicia. Tampoco brindó detalles sobre las polémicas por el uso de custodia oficial para traslados de su familia, limitándose a calificar la cuestión como un asunto de «seguridad nacional».
La causa, que se desarrolla bajo la supervisión del juez Ariel Lijo, continuará este miércoles con la declaración de Leandro Miano, figura vinculada a las operaciones inmobiliarias y al entorno de los préstamos privados que el funcionario declaró haber recibido. A este complejo escenario judicial se sumaron nuevas filtraciones mediáticas sobre gastos de viajes familiares realizados en 2024 que no coincidirían con sus ingresos de aquel entonces, lo que incrementa la presión sobre la consistencia de su declaración jurada.
