Tras la reciente decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de levantar la medida cautelar que suspendía gran parte de la Ley de Modernización Laboral, la normativa ha recuperado su vigencia plena. Uno de los puntos centrales es la redefinición de la base de cálculo para las indemnizaciones por despido, que ahora se limitará exclusivamente a la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos de pago no mensual como el aguinaldo y los bonos. Además, las empresas podrán implementar sistemas de pago de condenas judiciales en cuotas, facilitando la gestión financiera ante conflictos laborales.
En cuanto a la organización del tiempo de trabajo, la reforma introduce el banco de horas, permitiendo que empleadores y empleados pacten por escrito la compensación de horas extras siempre que se respete el descanso mínimo legal de 12 horas entre jornadas. Por otro lado, el régimen de vacaciones suma flexibilidad: si bien se mantiene el periodo preferente de octubre a abril, las partes ahora pueden acordar el goce de la licencia en cualquier momento del año y fraccionarla en segmentos de al menos siete días consecutivos.
Finalmente, el nuevo marco regulatorio extiende el período de prueba general a seis meses, con la posibilidad de llegar a ocho meses en empresas de hasta cinco empleados, lapso durante el cual no corresponde indemnización por antigüedad. La ley también elimina las multas por empleo no registrado, sustituyéndolas por un sistema de incentivos para la regularización de trabajadores y el registro digital obligatorio ante la ARCA, buscando reducir la litigiosidad y fomentar la formalización del mercado laboral.
