Un nuevo capítulo de indignación rodea a la familia de Agostina Páez, la abogada que permaneció detenida en Río de Janeiro tras ser acusada de proferir insultos racistas. En las últimas horas, se viralizó un video en el que su padre, el empresario Mariano Páez, aparece realizando gestos de «mono» en un establecimiento público de Santiago del Estero. El hecho cobra especial relevancia dado que ocurre inmediatamente después de que el hombre pagara una fianza millonaria para lograr la repatriación de su hija, quien enfrentaba pedidos de pena de hasta 15 años de prisión en el vecino país por comportamientos de idéntica naturaleza.
Ante la difusión de las imágenes, Mariano Páez ensayó una defensa pública alegando que el material audiovisual fue «trucado» mediante el uso de inteligencia artificial con fines de extorsión. Sin embargo, esta versión perdió fuerza tras la reacción de la propia Agostina Páez, quien a través de sus redes sociales optó por tomar distancia de lo sucedido, afirmando que no tiene relación con los actos de su progenitor. El episodio ha generado un fuerte repudio social, interpretándose no como un hecho aislado, sino como la manifestación de un patrón de conducta familiar que parece naturalizar la mofa y el desprecio racial.
La situación judicial del empresario podría complicarse, dado que cuenta con antecedentes previos por violencia de género y amenazas. Diversos sectores de la sociedad civil y especialistas en derecho han señalado la necesidad de que la justicia argentina actúe de oficio frente a estas manifestaciones de odio para evitar que queden impunes bajo la etiqueta de simples escándalos mediáticos. Mientras en Brasil el caso de su hija escaló a niveles diplomáticos y políticos, en Argentina este nuevo gesto de soberbia y discriminación refuerza el debate sobre la eficacia de las lecciones legales frente a conductas de intolerancia profundamente arraigadas.
