La Justicia federal activó las primeras medidas de prueba en el marco de las denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py contra el presidente Javier Milei y distintos funcionarios del Gobierno. La investigación apunta a dilucidar si existió algún tipo de participación o colaboración oficial en el operativo que permitió al senador brasileño Flávio Bolsonaro abandonar el país a través del aeropuerto de Puerto Iguazú con destino a los Estados Unidos.
Entre las diligencias dispuestas por la jueza María Eugenia Capuchetti —a pedido de la fiscal Paloma Ochoa—, se destaca la solicitud formal para preservar de manera preventiva todas las filmaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a los días 27 y 28 de octubre en la terminal aérea misionera, por donde el legislador partió rumbo a Miami acompañado por su esposa y sus dos hijas.
Asimismo, la magistrada libró diversos oficios dirigidos a determinar si los organismos nacionales competentes recibieron notificaciones oficiales, alertas o avisos previos desde la República Federativa del Brasil respecto a la situación judicial de Bolsonaro, elementos clave para esclarecer las circunstancias políticas e institucionales que rodearon su salida del territorio argentino.
