El endeudamiento de las familias argentinas alcanzó un punto de máxima tensión estructural. De acuerdo con los últimos relevamientos elaborados por la Universidad Austral y EcoGo a partir de datos del Banco Central, la mora total consolidada en personas físicas se multiplicó por 4,9 en apenas 18 meses, pasando de explicar un 3,6% del crédito a fines de 2024 al 17,5% en los registros recientes. Este marcado deterioro acumula 20 meses consecutivos de suba sostenida y ubica a 5,3 millones de personas —un 26,1% del total de deudores del país— en situación de mora por atrasos superiores a los 90 días.
La radiografía de la irregularidad expone una brecha abismal según el canal donde los usuarios contrataron el financiamiento. Mientras que la morosidad dentro del sistema bancario tradicional se ubicó en el 15,2%, en el segmento de los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) —que abarca a empresas fintech, billeteras virtuales, cooperativas y tarjetas de casas comerciales— el porcentaje de saldos impagos se disparó hasta el 31,0%. La combinación de altas tasas de interés y una mayor presencia de trabajadores informales en el circuito no bancario agravó la incapacidad de pago de miles de usuarios que recurrieron al crédito para financiar consumos cotidianos.
Especialistas e instituciones económicas señalan que este salto en los niveles de morosidad responde fundamentalmente a una pérdida real del poder adquisitivo y a la presión creciente de los gastos fijos sobre el presupuesto familiar. La imposibilidad de refinanciar deudas a tasas sostenibles desplazó el incumplimiento desde las tarjetas de crédito bancarias hacia los préstamos personales y las plataformas digitales, concentrándose en los sectores de menores ingresos. Frente a este escenario, bancos y legisladores ya evalúan esquemas de contingencia ante uno de los procesos de incobrabilidad de deuda familiar más severos de los últimos años.
