El programa habitacional Casa Activa en Margarita Belén se transformó en el escenario de un duro choque político y administrativo entre el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y el municipio local. La tensión escaló de manera evidente luego de que la Justicia concretara una inspección en el lugar, un procedimiento que ya había fracasado en un primer intento debido a una sorpresiva maniobra del Concejo Municipal. El cuerpo legislativo local modificó la nomenclatura catastral del terreno a escasos días de la fecha original de la inspección, una jugada que obligó a reestructurar el expediente y que desde el ámbito provincial se leyó como un claro intento de dilación.
El trasfondo del conflicto gira en torno a la titularidad y el destino final de un predio estratégico. Mientras que el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, ratificó con firmeza que los terrenos y lo edificado forman parte de un convenio exclusivo entre organismos públicos y pertenecen a la órbita de la provincia, el municipio alteró los registros oficiales en una acción que denota una disputa por el control del suelo. Desde la conducción de las políticas habitacionales chaqueñas buscan blindar el patrimonio estatal frente a las interferencias de la comuna y garantizar que la infraestructura responda estrictamente a los convenios originales.
La urgencia del litigio radica además en el estado de abandono del complejo, cuya construcción permanece totalmente paralizada desde mediados de 2023 con apenas un 50% de ejecución. El objetivo central del IPDUV al judicializar la situación es recuperar formalmente la posesión del inmueble para poder reactivar las obras junto a las empresas contratistas. De esta manera, el organismo provincial intenta frenar cualquier tipo de desvío de los fondos y asegurar que el espacio sea utilizado exclusivamente para el fin social con el que fue financiado: un Centro de Día y unidades residenciales adaptadas para los adultos mayores de la región.
